El Síndrome de la sociedad golpeada

por Daniela Rodríguez

En nuestra América Latina del socialismo del siglo XXI – la teledirigida desde Cuba por los hermanos Castro – nos encontramos con gobiernos totalitarios que maltratan a diario a la sociedad civil, tal cual como sucede en las situaciones de violencia familiar, particularmente en el caso de las mujeres maltratadas, en las que la víctima llega en algunas ocasiones a perder primeramente su dignidad y luego hasta su vida. Y es por estos dramáticos motivos que resulta natural que nos preguntemos: ¿Cómo pudo esa mujer llegar a sufrir semejante desenlace?, ¿Qué tan grave pudo hacer sido lo que ocurrió entre ella y su pareja? y específicamente ¿Por qué la víctima no realizó la denuncia correspondiente mientras vivía? Específicamente el “Síndrome de la mujer golpeada” posibilita que las víctimas terminen identificándose tanto con el poder y el valor que ven en sus parejas, que dejan por completo de pensar en sí mismas y son capaces de soportar cualquier vejación. Exactamente lo mismo ocurre con las sociedades civiles cuyos ciudadanos han dejado de pensar en sí mismos – al costo que sea – para abocarse a satisfacer la gula en materia de poder y de recursos, de la que hacen gala sus gobernantes.

Las mujeres maltratadas se han colocado en una situación en la que ya no deciden ni realizan ninguna acción por sí mismas. Sus parejas son las que deciden lo que pueden hacer y lo que no, cuando hablar y cuando callar, qué vestir y cómo actuar, entre otras tantas cosas. No son dueñas de su vida porque absolutamente todo lo deciden sus parejas. Son capaces de soportar golpes, humillaciones, gritos, insultos, encierros y todo tipo de acosos. No son dueñas de dirigir su destino ya que sus parejas deciden si deben trabajar o estudiar; y si trabajan, el fruto de su esfuerzo también termina siendo administrado por sus parejas. Entender este tipo de relaciones patológicas, se logra tan sólo interpretando la lógica del poder, ese poder que las mujeres abusadas han depositado en manos de sus cónyuges. Estas mujeres no hablan y mediante su silencio se convierten en cómplices de la situación que diariamente las lastima; es por eso que pocas tienen el valor de denunciar a su agresor, y en muchos casos se alejan hasta de sus propios familiares para no tener que confesarles la situación por la que están pasando. Interiorizan los abusos de todas aquellas figuras de autoridad por las que han creado sentimientos de subordinación y dependencia; echándose además la culpa de sus actuales situaciones. Sus autoestimas descienden a niveles mínimos y están tan desmotivadas y desesperanzadas, que carecen de la energía necesaria para lograr alejarse de sus actuales parejas, otorgándoles así cada día más poder para decirles qué hacer con sus vidas.

En los últimos diez años, las sociedades latinoamericanas cuyos ciudadanos se encuentran hoy bajo la órbita de poder del socialismo del siglo XXI, son víctimas de lo que a los efectos de este artículo de opinión daremos en llamar el “síndrome de la sociedad golpeada”. Los ciudadanos que por mala fortuna integran dichas sociedades, ya no son dueños del fruto de su trabajo, las cargas impositivas de todo tipo que enfrentan son cada vez más altas y por lo tanto sus gobiernos se han convertido en dueños de los beneficios de sus esfuerzos y emprendimientos. Dichos ciudadanos, ya no pueden decidir libremente qué ver, qué oír, qué decir, qué comprar, donde ir de vacaciones, si ahorrar en moneda nacional o extranjera, o en qué proyectos invertir. La totalidad de sus derechos fundamentales han sido mutilados. Sobreviven en un ámbito de tal polarización que ya ni siquiera pueden emitir una opinión contraria al gobierno en una reunión familiar o de amigos de toda la vida, porque eso implicará involucrarse necesariamente en una dramática e inútil discusión con sus seres más queridos. Sin embargo, pese a esta tormentosa realidad, estas sociedades golpeadas y muertas de miedo, le siguen otorgando más poder a sus gobernantes. Poder que se traduce a diario en una total violación de sus libertades individuales y en un desperdicio de las oportunidades para que sus países crezcan. En vez de poner límites al poder de sus gobernantes, dichas sociedades ahora escasas de autoestima, amplifican la arrogancia gubernamental diariamente. A sus gobernantes les exigen que continúen intentando satisfacer todos y cada uno de los problemas que aquejan a su gente en materia de educación, salud, transporte, pobreza, marginalidad, turismo, recursos energéticos, lucha contra las sustancias ilegales, obras públicas, inmigración, catástrofes naturales, medioambiente, empresas públicas deficitarias y un larguísimo etcétera, porque pese a que el tiempo ha demostrado que dichos gobiernos jamás lograrán solucionar sus problemas, sus ciudadanos golpeados se sienten incapaces de hacer frente a dichas responsabilidades sin su ayuda. Se han generado así aparatos estatales monstruosos en nuestra región de los que ninguna actividad logra escaparse, quedando todo bajo sus controles y sus sociedades limitadas a aceptar todo lo que se les imponga desde un comodísimo sillón presidencial.

Dadas las condiciones descriptas, resulta verdaderamente difícil que los ciudadanos que conforman una sociedad golpeada logren retomar las riendas de sus destinos. Y es que estos gobiernos sí han realizado un muy buen trabajo desmoralizando a nuestra gente. Resulta sin embargo más que interesante comprender que en su enorme afán de despojarnos de todo, a algunos les han ido quitado tantas pero tantas cosas, que últimamente a muchos han terminado quitándoles hasta el miedo…

* Daniela E. Rodríguez es Directora de Programas de la Fundación HACER en Argentina-Córdoba, es Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad de Villa María y colabora con el equipo de investigación de HACER en Washington DC.

Fuente: HACER

Entender la corrupción

por Goergina Ríos

El pasado 17 de abril, Gustavo A. Madero, presidente del Partido Acción Nacional, dio a conocer a medios de comunicación nacionales audios en los que varios funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz hacían uso del programa Oportunidades para fines electorales y con ello beneficiar al PRI en las elecciones que se llevarían a cabo en ese estado.

        Sin embargo, el problema fue que más allá de sancionar una práctica de corrupción rampante y exigir la renuncia de los funcionarios involucrados, el presidente Peña Nieto dio un espaldarazo a Rosario Robles, la titular de la dependencia a nivel federal, desencadenando todo tipo de descalificaciones de los partidos de oposición.

            Desafortunadamente, ejemplos como éstos abundan a lo largo y ancho de territorio nacional sin que realmente se les castigue y con ello se impida que sigan sucediendo. Por ello es que en todos los ámbitos de la cotidianeidad mexicana es lugar común afirmar que la corrupción es uno de los grandes flagelos que mantienen a México estancado en el subdesarrollo. Y pese a que son de conocimiento general los efectos nocivos que trae consigo, una enraizada tolerancia a procesos y resultados mediocres, aunada a una evidente indolencia de la clase política a la presión social para disminuirla, han mitigado las posibilidades de atajarla con efectividad.

            Esto no es efecto de una falta de urgencia compartida, es resultado de un diagnóstico equivocado del fenómeno y de un consecuente mal tratamiento que ha llevado a sociedad y Estado a entenderla desde el aislamiento de su espacio. Así, el peso del contexto ha prevalecido sobre el endeble esfuerzo para coordinar una estrategia común entre ambas partes que pueda trascender la inercia de la retórica.

            De esta manera, entendiendo este fenómeno como uno de tipo multisectorial con varios orígenes y vertientes, resulta evidente que su combate debe darse desde distintos frentes. Uno de ellos, el de la sociedad civil, es de particular importancia en el marco de un país que comenzó tardíamente su proceso de democratización y viene arrastrando años de prácticas gubernamentales negligentes y poco transparentes.

La sociedad civil, como ese tercer sector que, según Norberto Bobbio, se desarrolla fuera de las relaciones de poder y desde ese ámbito de acción busca construir ciudadanía, debe aspirar a crear un verdadero cambio con base en una visión integral para atacar la corrupción y generar cambios concretos en el marco institucional para que éstos eventualmente arraiguen en la comunidad la cultura de la legalidad.

Siguiendo esta línea de argumentación, una de las promesas que, con ciertas reservas, generó adeptos a Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial fue la de la creación de un órgano anticorrupción que se encargue de corregir las prácticas gubernamentales viciadas y, de ser necesario, castigue o sancione a quien incurra en ellas o las fomente.

De entrada, la creación del órgano anticorrupción ha supuesto el reacomodo de la administración federal desapareciendo la Secretaría de la Función Pública (surgida durante la administración de Vicente Fox y siendo su estandarte anticorrupción), y un acalorado debate sobre la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Sin embargo, su creación parece inminente aún cuando hay serias dudas sobre sus funciones y límites de acción.

En este sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, han hecho señalamientos que vale la pena considerar por su valor crítico y analítico. Y aunque va más allá del alcance de este artículo analizar a profundidad las mismas, me centraré en las que considero más importantes por su relevancia.

En primer lugar, es necesario tener claramente definido cuál será el mandato del nuevo órgano. Es decir, es evidente que el objetivo principal será reducir la corrupción lo más posible, pero necesita estar bien establecido en los estatutos que regirán su actuar cómo es que se hará, desde promover mayor control dentro de la administración pública hasta el establecimiento de las sanciones a las que se harán acreedores quienes incurran en prácticas corruptas.

En segundo lugar está el diseño del organismo para su óptimo funcionamiento así como el proceso de selección de quienes se encargarán de dirigirlo. En este punto, los partidos políticos difieren, aunque no sustancialmente, sobre la cantidad de miembros que debe tener el órgano y su duración en el cargo, y el único punto de acuerdo es que sería ideal que todos sean abogados.

Tercero, y quizá el punto más importante, es el que se refiere a los mecanismos de control al interior del propio organismo. Resulta predecible que es el que más discusión ha generado y más desacuerdo ha despertado entre quienes discuten la trascendencia del órgano anticorrupción, pero en el caso específico de Transparencia Mexicana, más allá de alcanzar una óptima rendición de cuentas, es imprescindible que quienes integren el órgano puedan ser sujetos a juicio político por su mala administración y con ello mandar un mensaje de no impunidad y apego irrestricto a la ley.

Finalmente, está el establecimiento de parámetros de medición efectivos que permitan saber qué tan eficaz está siendo el órgano en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, al momento parece no haber mecanismos explícitos ni herramientas efectivas que puedan proporcionar resultados al respecto.

Así, la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción en México es de vital importancia para el fortalecimiento del marco democrático e institucional del país, al tiempo que aviva la participación ciudadana en la vida nacional y promueve medidas efectivas para que su trabajo salga de la invisibilidad, haya una apertura gradual de espacios y un auténtico cambio de conciencia colectiva.

 

La Ley antilavado, y lo poco que se ha dicho.

por Eugenio Gómez-Chico B​

“Ahora resulta que si uso efectivo, soy sospechoso”

El 1° de septiembre resultó ser un día caótico para la Ciudad de México. Se nos juntaron varias marchas, manifestaciones, barricadas y actos de violencia en el marco de la entrega del Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los ojos del país estuvieron en los eventos de urgencia, y pareciera que nadie se acordó que en esos mismos momentos estaba entrando en vigor el reglamento de la llamada Ley Antilavado (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita).

¿Pero en qué nos afecta dicha ley y reglamento? Nuestra libertad de comerciar será sujeta a fiscalización como nunca antes. A partir de ahora, si decides utilizar moneda de curso legal, acuñada por el Estado mexicano, podrías ser considerado sospechoso de lavado de dinero, por lo menos en suficiente medida como para que el gobierno haya considerado que es mejor revisar de cerca tus actividades. Así tal cual, utilizar monedas y billetes, pesos y centavos para ciertas transacciones y a partir de ciertos montos se ha convertido en actividad satanizada en nuestro país.

Por mencionar algunos ejemplos de las limitantes que impone esta nueva regulación se pueden citar los siguientes. En la compra de inmuebles está prohibido pagar y aceptar pagos en efectivo por más de  8,025 salarios mínimos (equivalentes a 519,699 pesos). En el caso de relojes, joyas, metales u obras de arte el monto está en 52,131 pesos. En la compra de vehículos el límite está en 3,210 salarios mínimos (207,879 pesos). El resto deberá ser pagado a través de otros medios, como son transferencias electrónicas.

Pero esto no es todo. La ley también obliga a los establecimientos a recabar datos de los clientes que realicen alguna de las “actividades vulnerables” y dar aviso de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, en cualquier apuesta o sorteo a partir de 21,047 pesos el establecimiento deberá conservar copia de tu identificación oficial, y avisar a la SHCP a partir de 42,770 pesos. Lo mismo sucederá en cualquier prestación de servicios profesionales, y en cualquier servicio de construcción y desarrollo de inmuebles. Entre los datos que te solicitarán además de tu identificación están tu nombre, ocupación, y descripción de la actividad que estas realizando. Además, los montos no se refieren a operaciones individuales, sino que éstas son acumulables en períodos de seis meses, por lo cual el establecimiento deberá llevar registro de tus operaciones a través del tiempo, y aplicar la ley cuando sobrepases dichos montos.

El lavado de dinero es un problema grande al que se enfrenta no solamente el gobierno de México, sino la comunidad internacional en general. En este sentido, la intención de la ley de prevenir y combatir esta práctica no me parece mala. Lo que me parece reprobable es la solución que proponen, la cual considero será poco efectiva.

Siendo realistas, aquellos que se dedican a actividades como el lavado de dinero conocerán esta ley y encontrarán muchas maneras, como lo han venido haciendo hasta hoy, de seguir dando la vuelta a las regulaciones y lograr sus objetivos. Mientras tanto, quienes verdaderamente nos veremos afectados somos los ciudadanos que comenzaremos a tener expedientes con nuestros datos, actividades e información personal en manos de entidades privadas y públicas, en las que quizá no confiemos del todo.

En esta ocasión hemos perdido una batalla más en el campo de las libertades individuales. Es solamente una batalla, y aún hay mucho por hacer. Lo verdaderamente preocupante es que la población parece no darse cuenta, y aquellos que se dan cuenta pareciera no importarles.

101 años de Milton Friedman y su legado para la libertad del mundo de hoy

por Daniela E. Rodríguez

Inspirada por la exitosa celebración continental del 101 aniversario del nacimiento del Premio Nobel de economía Milton Friedman, organizada por la Fundación HACER con el apoyo de la Friedman Foundation for Educational Choice, me fueron surgiendo distintas preguntas relacionadas al mundo de hoy. Entre ellas: ¿Si las políticas propuestas por el referido economista han sido tan efectivas, por qué ha sido tan cuestionado su trabajo hasta el día de hoy?, ¿Por qué se cuestionará tanto su paso por  Chile si este país se ha convertido en el más desarrollado y libre de toda América Latina? Y finalmente, la duda que realmente me ha dejado pensando durante unos cuantos días, es: ¿Qué hubiese dicho Friedman si hubiera visitado la Argentina de hoy?

En relación a la primera pregunta, me ha quedado claro que la amplia mayoría de los ataques dirigidos hacia Friedman, no han logrado superar el terreno de lo personal. La solidez de sus argumentos y la inusual capacidad de debatir del economista norteamericano, imposibilitaron que fuera de otra forma. Una clara muestra de lo dicho es el programa especial que el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales le dedicó a Milton Friedman en la televisión argentina desde su producción Bajada de línea, programa nro. 152 de Enero de 2013. Durante el mismo, se presentó a los televidentes una visión carente de toda objetividad periodística, donde se intentó atacar al economista como persona, intentando vincularlo a supuestas propuestas “neoliberales” que no guardan relación alguna con la escuela de Chicago, y realmente no se esgrimió ningún argumento económico contra sus propuestas. Si el análisis se hubiera centrado en evaluar la efectividad de sus propuestas económicas, habría sido realmente difícil criticarlo.

En relación a la segunda pregunta, hoy en día Chile se ha convertido en el país más desarrollado y libre de toda América Latina. El prestigioso Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation de Washington DC, confecciona un ranking que analiza un total de 180 países del mundo, ubicándose en los primeros puestos aquellos países con mayor libertad económica y en los últimos puestos, aquellos países con menor cantidad de ésta. Chile ocupa el merecido puesto número 7 de todo el ranking, convirtiéndose así en el país más libre de toda la región. En contraposición, Venezuela ocupa el puesto número 174 y Cuba el puesto número 176. Argentina, nuestro país, se encuentra en el lamentable puesto número 160 y empeorando cada año. La conclusión final del ranking es que aquellos países con mayor libertad económica, son países donde los niveles de pobreza son más reducidos. Ninguno de los cuatro gobiernos de izquierda que administraron Chile luego de la era Pinochet, se atrevieron a dar marcha atrás a las políticas económicas aplicadas por los Chicago boys de Friedman.

Llegamos entonces a la tercera y más compleja pregunta. ¿Qué nos hubiese recomendado el Premio Nobel si hubiera visitado la Argentina K de hoy? Sería bastante difícil que Friedman comprendiera cómo los argentinos hemos permitido que se llegue a la insostenible situación económica actual, pero haremos el intento de contrastar las principales políticas económicas impuestas desde el sillón presidencial y los grandes postulados que el mundo ha heredado del gran economista.

Durante los últimos diez años, el gobierno K ha venido aislando nuestra economía del resto del mundo, desperdiciando así un momento único de bonanza económica para el principal sector de nuestra economía, el primario, y privando a nuestros consumidores de beneficiarse de las ventajas comparativas – léase acceso a productos de menor precio – de otros países y ahorrando a nuestros empresarios la necesidad de eficientizarse. La escuela de Chicago no sólo promueve los beneficios de la apertura económica para alcanzar un desarrollo sostenido, sino que sus seguidores lograron abrir con gran éxito y de manera unilateral, las fronteras de Chile a todos los productos provenientes del resto del mundo.

Probablemente, al célebre economista norteamericano le parecería insólita la manera en que el actual gobierno ha logrado ahogar con sus canibalescas políticas recaudatorias, las que otrora fueran importantes industrias: la ganadera y la cerealera, por ejemplo – que nos llevó en su momento a ganarnos el título de “granero del mundo” – mientras que hoy los argentinos debemos importar trigo para satisfacer la demanda interna de pan. Por el lado del gasto, si Friedman pudiera analizar de cerca los detalles relacionados a la batería de subsidios, estatización de empresas y costosísimos planes sociales que la administración K ha puesto sobre los hombros de los contribuyentes argentinos, realmente se escandalizaría. “No existe tal cosa como un almuerzo gratis” fue la máxima de Friedman que refutó la existencia de los servicios públicos “gratuitos” y que llamó a mantener  minimizado el tamaño del gasto público.

Indudablemente, nuestro homenajeado se hubiera quedado perplejo si hubiese escuchado a Cristina Fernández de Kirchner – y a una de sus cómplices, Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del Banco Central de la República Argentina – afirmar que la emisión monetaria no guarda relación alguna con la inflación. Recordemos que fue Friedman quien estableció un postulado fundamental al respecto: “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”. Si el genial economista estuviera equivocado, los gobiernos de los países pobres del mundo podrían emitir una gran cantidad de moneda y repartirla entre todos sus ciudadanos, acabando de ese modo con la pobreza de una vez y para siempre.

Conociendo el monumental legado de nuestro visitante en el ámbito  educativo, seguramente se hubiera interesado en conocer las características de nuestro sistema escolar. Aquel sistema que tiene la responsabilidad de capacitar a los más jóvenes para alcanzar el éxito laboral, e idealmente prepararlos para elegir en el futuro a quienes administren mejor nuestro país. Y quizás en este terreno se encontraría con la mayor desilusión: no sólo no hay ningún tipo de debate constructivo en relación a la calidad de nuestra educación, a la capacitación de los docentes, o a la posibilidad que los padres puedan optar por pagar colegios privados con fondos públicos – los exitosos vouchers educativos cuya utilización propuso el Nobel – sino que el actual gobierno ha logrado manipular el contenido de los planes de estudio para diseminar un discurso único apuntado a demonizar la economía de mercado, la libre empresa, las instituciones democráticas, a acabar con todo rasgo de educación cívica y a alimentar un malintencionado revisionismo histórico, con el objetivo de producir generaciones enteras de jóvenes que no vean la necesidad de cuestionar los atropellos de los que somos víctimas e incapaces de evitar que el actual gobierno se eternice en el poder.

Comprendiendo la importancia de las contribuciones de Milton Friedman al ámbito de las políticas públicas exitosas, se puede entender claramente por qué regímenes autocráticos como la actual administración K en Argentina, acostumbrada a impulsar medidas populistas y a imponer todo aquello que el socialismo del siglo XXI le dicta desde el exterior, le tiene miedo a las enseñanzas del premio Nobel de economía 1976. Ya disipadas las dudas, promovamos su gran legado de libertad.

* Daniela E. Rodríguez es Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad de Villa María en Córdoba, Argentina y colaboradora del equipo de investigación de la Fundación HACER de Washington DC.

Fuente: HACER

Bonos educativos o escolares

Lecciones del fracaso de la primavera árabe egipcia para América Latina

por Daniela E. Rodríguez

Las manifestaciones de insatisfacción de la sociedad civil en Argentina y Brasil son cada vez más frecuentes y multitudinarias, y han sabido dejar huellas profundas en nuestros conciudadanos que observan en los respectivos gobiernos una falta total de efectividad en materia de gestión, un altísimo grado de corrupción sin precedentes y la adopción de políticas públicas que violan sus derechos fundamentales de manera directa. Ante semejante escenario, podemos hablar de una profunda crisis de las democracias representativas latinoamericanas. Nos preguntamos entonces ¿Cuáles son las lecciones que América Latina debería aprovechar del fracaso de la primavera árabe en Egipto? La primera está más que clara: un sistema democrático es condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad de un país. La prueba está en la gran velocidad con la que un grupo grande de supuestas democracias latinoamericanas se han convertido en auténticas tiranías de la mayoría. La segunda lección – que para la gente en nuestra región va a resultar un poco más difícil de asimilar – es muy útil: lo que hoy se necesita para que nuestros países latinos progresen es una saludable economía de mercado y un sólido estado de derecho.

Si bien las manifestaciones de descontento tienen características propias en cada país, y las protestas se han venido desencadenando por cuestiones íntimamente relacionadas a la problemática local, tienen similitudes que no pueden obviarse: a) Todas han surgido de las redes sociales y han utilizado tecnología avanzada de dispositivos móviles, con la suficiente espontaneidad, es decir sin mediar estridentes intereses políticos. b) Sus protagonistas, representantes de todas las edades pertenecientes en su mayoría a la clase media, demandan cambios económicos, políticos y sociales efectivos. c) Existe un hartazgo generalizado en cuanto a seguir manteniendo gobiernos sobredimensionados y deficientes y burocracias altamente corruptas, pagando infernales tasas impositivas que tan sólo logran generar una mayor desigualdad y un profundo estancamiento económico.

En pleno siglo XXI, la crisis del Estado de bienestar se está haciendo cada día más evidente y profunda. Mientras los socialistas reinantes se limitan a pregonar acerca de las virtudes de una supuesta igualdad, nosotros, la sociedad civil, no logramos encontrar dicha igualdad por ninguna parte. El problema es que más allá de la retórica, a la hora de evaluar los resultados y ver el abismo económico al que se dirigen nuestros países, pareciera que los supuestos progres hablaran de hacernos a todos igualmente pobres. Como diría Fernández de Kirchner en Argentina: “pobreza para todos y todas” excepto para la clase dirigente…  Éstos últimos se encargan de robar nuestros aportes y se dan el gusto de pesar nuestro dinero en balanzas, para no perder el tiempo contándolo, y de inaugurar bóvedas blindadas repletas de efectivo. El 8 de agosto próximo los argentinos tomarán las calles de las principales ciudades del país y del mundo una vez más para declarar inadmisible esta situación.

En Brasil las protestas, para nada pacíficas, transcurren luego que el Partido de los Trabajadores (PT) ha permanecido más de una década en el poder. El mismo PT desde el que se creó el Foro de Sao Paulo en 1990, nucleando a partidos políticos y movimientos terroristas de izquierda alentados desde Cuba a alcanzar el poder y retenerlo a cualquier costo. Mientras tanto, la administración Rousseff alardea acerca de la corrupción que dice saber combatir, juzgando y encarcelando a funcionarios corruptos del gobierno anterior. Siendo el gran detalle, que Luiz Inácio “Lula” Da Silva, capo responsable del escándalo de las mensualidades pagadas para comprar el voto de buena parte de los legisladores de oposición, continúa libre y gozando de total impunidad. Hasta hace muy poco, el “modelo de Lula” parecía ser el modelo soñado por todos los políticos jóvenes en América Latina. Hasta Henrique Capriles Radonski decía querer aplicarlo en Venezuela si no le volvían a robar las elecciones. Con un Brasil indignado y en llamas nos preguntamos ¿Qué modelo suscribirán hoy en día?.

Es así entonces como buena parte de los ciudadanos de Argentina y Brasil se impacienta y enfurece, inmersa en una situación en la que no pueden gozar, ni siquiera, de los servicios mínimos que les corresponden a cambio de sus impuestos. El transporte, la salud, la educación y la seguridad pública que se les procuran, son pésimos, teniendo además que soportar el descaro con el que sus gobernantes multiplican mágicamente sus patrimonios delante de sus narices. Sin lugar a dudas, el estancamiento de la clase media, el abuso de los fondos públicos y la ineficiencia de los escasos servicios ofrecidos, han sido los principales detonantes de las multitudinarias movilizaciones en Sudamérica. Realmente no debería asombrarnos esta situación, porque el socialismo global se caracteriza por empobrecer a los ciudadanos mientras se enriquecen los dirigentes, por coartar las libertades fundamentales mientras preserva la corrupción y el narcotráfico – una de sus principales fuentes de financiación.

Algo queda claro en el escenario que estamos sufriendo y es que los ciudadanos están dispuestos a salir a reclamar por lo que les corresponde. A la hora de analizar si estos gobiernos socialistas empezarán o no a tomar medidas propias de otros decididamente dictatoriales, tal como lo han hecho el comunismo y el fascismo en otras partes del mundo, somos verdaderamente pesimistas. Sin ir demasiado lejos en la región, Rafael Correa en Ecuador ha optado por el camino de la re-reelección presidencial y ha resultado electo por tercera vez, violando olímpicamente lo establecido en la carta magna de su país (y disfrazando toda la operación de “primera reelección” al haber mediado una reforma constitucional). El próximo en intentar exactamente la misma estrategia será Evo Morales, muy pese a la prohibición establecida por la Constitución Política del Estado boliviano de ser reelecto más de una vez y a la promesa que él mismo hizo de no ser candidato presidencial nuevamente.

El caso particular de Egipto, en el que ni una primavera árabe los pudo ayudar,  nos deja a todos una clara enseñanza: la estabilidad económica del capitalismo y la estabilidad institucional de un estado de derecho en el que las minorías se sientan representadas, es lo que nuestros países necesitan. El estado de bienestar puede aparentar que funciona por un tiempo pero siempre termina fracasando. Mientras nuestros gobernantes más nos presionen para lograr perpetuarse en el poder, más riesgo corren de inaugurar una auténtica primavera latinoamericana de efecto dominó.

* Daniela E. Rodríguez es Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad de Villa María en Córdoba, Argentina y colaboradora del equipo de investigación de la Fundación HACER de Washington DC.

Fuente: HACER

En defensa de la educación privada

Por Diego Sánchez de la Cruz

Carlos Alberto Montaner escribe sobre las quejas de los estudiantes chilenos. Como la cuestión es de relevancia para otros países iberoamericanos, cabe entender su defensa del lucro en la educación y de la educación privada en clave mucho más amplia, por lo que las lecciones de este artículo deben extraerse también en lugares como España, donde el debate está instalado en términos muy similares.

Los jóvenes demandan buenas universidades y enseñanza de calidad, pero no quieren pagar por esos servicios. Exigen que otros se los paguen (Eso siempre es estupendo). Tienen 18 años o más. Son mayores de edad. Pueden votar, elegir y ser electos, ir al ejército, casarse sin autorización de nadie, crear empresas, invertir, engendrar hijos a los que están obligados a cuidar, ir a la cárcel si cometen delitos, consumir alcohol o tabaco, pero suponen que la responsabilidad de pagar por su educación es cosa de otros. Son, o deben ser, adultos responsables en todo, menos en eso.

Realmente, es una conducta incoherente o, por lo menos, extraña. ¿Por qué el conjunto de la sociedad debe pagar los estudios universitarios de una minoría de adultos privilegiados que, a partir de la graduación, ganará una cantidad de dinero considerablemente mayor que la media de quienes no han pasado por esos recintos académicos? ¿No es una hiriente inmoralidad que los trabajadores de a pie paguen con sus impuestos los estudios de quienes luego serán sus jefes y empleadores?

Pero hay otra incongruencia todavía peor: los estudiantes universitarios chilenos pretenden que la educación no pueda ser objeto de lucro. Si Platón y Aristóteles hubieran ejercido su magisterio en el Chile de estos tiempos, y no en la Atenas de los siglos V y IV antes de Cristo, los hubiesen acusado de codiciosos explotadores por haber creado la Academia y el Liceo con el propósito de ganar dinero formando a sus alumnos.

Los estudiantes chilenos no advierten que están planteando un contrasentido. No hay nada moralmente censurable en el lucro. Lucro es sinónimo de logro, de misión cumplida. Si ellos quieren una educación de calidad, creativa, original, oficiada por profesores competentes, la mayor parte de las veces tendrán que atraer a los mejores con buena remuneración, con reconocimientos públicos y con posibilidades de enriquecimiento.

Hay algunos seres excepcionales, dotados de una intensa vocación, generalmente religiosos, dispuestos a enseñar por un plato de comida, una cama de tabla y dos palmos de techo, pero son pocos. A Einstein lo reclutaron en Princeton enviándole un cheque en blanco que él rellenó a su capricho.

¿Dónde está la falta en que unas personas decidan crear una empresa para vender enseñanza si hay otras criaturas dispuestas a pagar el precio que les piden para adquirir esos conocimientos? ¿Por qué es inmoral vender educación y no vender agua, comida, medicinas o zapatos, bienes, sin duda, más importantes para la supervivencia que los conocimientos universitarios?

El argumento de que las universidades privadas con fines de lucro a veces no tienen suficiente calidad y deben clausurarse carece de sentido. Tampoco cerramos los restaurantes malos con fines de lucro, y mucho menos los comedores populares, que suelen servir unos platos espantosos a los indigentes. ¿Por qué no permitir que los consumidores de esos servicios educativos decidan libremente con su dinero cuáles universidades triunfan y cuáles fracasan?

Hay algo terriblemente autoritario e hipócrita en el comportamiento y las demandas de esos estudiantes. Lo terrible es que ellos, que esperan que otros les paguen sus estudios, y que condenan a quienes están dispuestos a arriesgar su capital y su trabajo para crear instituciones educacionales lucrativas, cuando terminan sus carreras suelen o intentan convertirse en profesionales económicamente exitosos. Para ellos el lucro sólo es malo cuando lo persigue el otro. Eso se llama cinismo.

Este artículo fue publicado originalmente por el autor en su blog http://diegosanchezdelacruz.wordpress.com el 2 de julio de 2013.

Mente de cazadores-recolectores

por Gabriela Calderón de Burgos

¿Por qué políticas públicas de comprobado fracaso siguen siendo populares? Una respuesta novedosa es aportada por la psicología evolutiva. Leda Cosmides y John Tooby de la Universidad de California en Santa Barbara lideran un centro de investigaciones que trata de comprender cómo ha evolucionado la mente humana. Los dos expertos, que recientemente visitaron Galápagos para participar en una reunión de la Sociedad Mont Pelerin, han llegado a la conclusión que seguimos pensando como cazadores-recolectores en un mundo moderno.¹

Cuando los seres humanos vivían en sociedades de cazadores-recolectores (25-50 miembros), les convenía una serie de comportamientos que en una sociedad moderna son evidentemente contraproducentes. Por ejemplo, a los cazadores-recolectores les convenía centralizar la carne obtenida en las cacerías dado que no tenían tecnología para almacenarla, y conseguir la carne dependía mucho de la suerte que tenga cada cazador-recolector. Además, como todos sabían que de vez en cuando tenían una mala racha, podían “comprar” algo de carne para los días de “mala suerte” sacrificando un poco de carne en los días de “abundancia”. Aquellos que se esforzaban menos porque igual iban a obtener la misma cantidad de carne que los que trabajan más podían ser monitoreados de cerca y castigados si intentaban aprovecharse del trabajo de otros.

De la misma forma, el control de alquileres tiene sentido para nuestras mentes de cazadores-recolectores: Si un individuo es víctima de mala suerte, aquellos que tienen recursos de más —los propietarios de las viviendas— deberían compartir con los más necesitados y se debe utilizar la fuerza del Estado para castigar a los propietarios que violan esta regla de distribución.

Pero ya no vivimos en sociedades de pequeños clanes. El contexto ha cambiado radicalmente en un periodo muy breve de la historia de la raza humana. Ahora vivimos en sociedades donde nos relacionamos con un sinnúmero de personas anónimas.

En este contexto moderno, ¿realmente ayuda el control de alquileres a los que no tienen vivienda? Resulta que el control de alquileres tiene efectos secundarios no intencionados: desalienta la construcción de viviendas de alquiler y alienta a los propietarios de las viviendas existentes a evitar ofrecerlas en el mercado. La consecuencia es que se reduce o estanca la oferta de viviendas de alquiler y se disparan los precios de aquellas unidades ofertadas en el mercado negro.

No obstante, apoyar el control de alquileres hace que nosotros con nuestras mentes de cazadores-recolectores nos sintamos bien, aún cuando esta política esté perjudicando a los más necesitados.

Sin embargo, no estamos condenados a vivir como cazadores-recolectores desorientados en un mundo moderno. Desde Adam Smith, los economistas han comprendido que el intercambio voluntario entre individuos que buscan promover su propio bienestar y el de sus seres queridos, fomenta de manera sistemática —aunque no intencional— el bienestar social. Instituciones modernas como el dinero, los contratos y los derechos de propiedad privada permiten que individuos alrededor del mundo ya no dependan de una pequeña banda para sobrevivir, sino de una amplia red de desconocidos en los cuales confían para un sinnúmero de productos y servicios que hoy consideramos esenciales.

Pero lo que los economistas han comprendido, nuestras mentes no están diseñadas para reconocerlo de manera intuitiva. Por eso es de suma importancia domar nuestro cazador-recolector interno con una educación básica en economía.

Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 5 de julio de 2013.

Referencia:

1. Cosmides, Leda. “Evolutionary Psychology, Moral Heurestics, and the Law”. Heuristics and the Law. 2006. Dahlem Workshop, Reporte 94. MIT Press, Cambridge, MA.

“Derecho al olvido” v. Libertad de expresión.

por Eugenio Gómez Chico B​

“El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Niilo Jääskinen aclaró que Google no es responsable de los datos personales incluidos en las páginas web a las que remite su servicio de búsqueda y que la normativa europea no ampara el derecho al olvido (…) por lo que Google no tiene obligación de eliminar información legítima y legal que se ha hecho pública, porque traería consigo una injerencia en la libertad de expresión.”

Pongamos en contexto el párrafo. Un ciudadano español se dio cuenta que al buscar su nombre en el motor de Google, éste arrojaba como resultados vínculos a una inserción de 1998 en un periódico, relacionada con la subasta de algunos bienes que le fueron embargados, en virtud de una deuda con la seguridad social. Esto fue el inicio de una “aventura” por lograr ejercer lo que se llamó el derecho al olvido, la cual culminó ayer en los términos que menciona el párrafo inicial.

Los detalles del caso no nos son relevantes en este momento, pero el posible conflicto entre dos derechos es interesante para analizar. ¿Existe realmente un choque entre el derecho al olvido y la libertad de expresión? Intentemos entender a qué se refieren estos términos contrapuestos.

La búsqueda de este ciudadano por ocultar su pasado nos da una noción de a qué se están refiriendo con el derecho al olvido. Pareciera que se está legitimando al titular de un dato personal a decidir si dicha información se mantiene pública, en especial si considera que le afecta en su reputación o por el paso del tiempo ya no es una información relevante. Si bien el derecho existe, ha sido reconocido por legislaciones como la argentina y la española en el marco de leyes de protección de datos personales, e incluso parece ser la base de la prescripción de registros en un buró de crédito, existe un gran área gris respecto a sus alcances y aplicabilidad que incluso ponen en duda su verdadera calidad de derecho.

La libertad de expresión, por su parte, tiene un origen mucho más antiguo, y de este derecho fundamental derivan otros como es la libertad de prensa. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto. Sin embargo, está claramente limitado por el respeto a los derechos o la reputación de los demás.

Poniéndolo en términos sencillos, si en el ejercicio de mi libertad de expresión afecto los derechos de otro, pareciera que éste tendría legitimidad para ejercer su derecho al olvido. Siendo éste un ejemplo más de concurso de derechos en que se suele privilegiar el “bien mayor”. Podemos así regresar a nuestra pregunta inicial sobre la existencia del choque entre estos derechos. En generales esta oposición es probable, y mucho, pero en el asunto específico del ciudadano español me atrevo a decir que no es el caso. La publicación que dio origen a esta “aventura” fue realizada en virtud de una orden judicial, de un procedimiento legal, y no por el ejercicio de una libertad de expresión.

 

Por ello, es posible que la opinión del Tribunal sea correcta al quitarle la responsabilidad a Google y “negar” el derecho al olvido del ciudadano. Sin embargo, NO es en virtud de defender la libertad de expresión, sino derivado de la existencia o inexistencia de regulación sobre la materia, aunado al ejercicio de un debido proceso legal.


Suena bien y viste bien políticamente evocar derechos como la libertad de expresión para apuntalar las decisiones de un tribunal; pero, no hagamos uso indebido de estos conceptos, de lo contrario éstos caerán en una “prostitución conceptual” que les quitará todo valor intrínseco.

 

Pensar la educación, pensar la libertad

En los último años parece existir un consenso básico entre la clase política mexicana: México necesita mejorar y renovar urgentemente su sistema educativo si aspira a romper el ciclo de pobreza –y sus inevitables consecuencias- en el que vive más de la mitad de su población.

 

Si bien lo anterior no denota de manera alguna un problema nuevo, la creciente urgencia por resolverlo es sin duda un aliciente para creer que al fin puede empezar a mitigarse. Y es que si la educación es el factor por excelencia que propicia la movilidad social de cualquier comunidad, relegar su importancia dentro de la agenda nacional sería desastroso.

 

No es exagerado entonces afirmar que hoy día en nuestro país las escuelas distan mucho de ser el proyecto transformador que potencie el desarrollo social. Por el contrario, las aulas no son más que el reflejo de la marginación y dejación de la comunidad en la que se encuentran.

 

Es así como a tan sólo unos días de tomar posesión como presidente de México, Enrique Peña Nieto propuso una arriesgada, aunque insuficiente para las dimensiones del problema, reforma educativa que busca redirigir en su totalidad el control de la educación a manos del Estado.

 

Y aunque va más allá del alcance de este artículo hacer un análisis íntegro de las propuestas incluidas en la reforma, conviene resaltar algunos datos duros que sólo ilustran la imperante necesidad de que el Estado mexicano asuma con firmeza la dirección de la educación. En México, de cada 100 niños que ingresan a educación básica sólo 64 acaban primaria, alrededor de 50 la secundaria, 24 el bachillerato y apenas diez una licenciatura. Cifras así sólo pueden instar a actuar.

 

Por ello, para ganarle la batalla a la pobreza, al subdesarrollo y a la violencia, primero hay que ganarle la batalla cultural a la mediocridad y a la irresponsabilidad. Hay que entender que nada cambia en la medida que las cosas se abandonan a su propia dinámica y que la educación es el motor que acelera la evolución progresiva hacia mejores niveles de vida.

 

Ya se verá en los años venideros si la reforma revitaliza la educación en nuestro país, pero por lo pronto, darle el justo lugar que merece sin duda ayudará a crear un verdadero cambio con base en una visión integral que eventualmente arraiguen en la comunidad la cultura de pensar la educación para transformarla en libertad.

La filosofía de la libertad.

Les dejo este buen video sobre la libertad.

Bitcoin: ¿Acaso es delito?

por Eugenio Gómez Chico B

Mucho se ha escuchado últimamente sobre la subida y caída de precios de una moneda no centralizada llamada Bitcoin. Los cambios en su valor obedecen a distintos factores: especulación, familiarización de la gente con la moneda, expansión de entidades aceptantes, etc. Poco a poco Bitcoin se va volviendo una realidad del nuevo milenio en la esfera financiera.

Pero la idea de una moneda no controlada por el Estado no es algo nuevo. Digamos que el hecho de que tu dinero deje de valer de un día a otro por decreto ejecutivo no es algo que le gusta mucho a la gente. Así, por una u otra razón han surgido iniciativas de monedas acuñadas por entidades privadas que buscan facilitar el comercio y dejar de depender para su valor en un ente todopoderoso llamado el Estado. Hoy Bitcoin es la moneda de este tipo que más inercia tiene, sin embargo existen miles otras, algunas muy locales y otras no tanto. Ithaca Hours, Phoenix Dollars y Digital Gold Currency (DGC) son solo algunos ejemplos, y ante ellos ¿cómo reacciona el Estado?

Bernard Von Nothaus se despertó hace casi cuarenta años con la noticia de que Nixon había dado por terminado el sistema Bretton-Woods, y suspendió la convertibilidad del dólar en oro. Como a muchos, para Bernard este acto unilateral le pareció una vil confiscación de la capacidad de compra del individuo. Muchos se quedaron de brazos cruzados, él decidió actuar.

Von Nothaus decidió fundar la Organización Nacional para la Abolición de la Ley de Reserva Federal y la Ley Fiscal (NORFED) y en 1998 esta organización sacó al mercado una moneda descentralizada, los Liberty Dollars. Al inicio, esta moneda no era más que recibos por una cantidad de plata almacenada. En realidad, eran muy pocos quienes usaban estos recibos como circulante para pagar en transacciones. Siendo así, al gobierno no le quitaba el sueño lo que hacían estos locos. Pero los Liberty Dollars evolucionaron.

NORFED decidió comenzar a circular la plata que tenía en forma de monedas y emitió paralelamente billetes para facilitar las transacciones y aumentar el alcance de la moneda. En estos años, la Fed se dedicó a hacer lo que consideró conveniente, y el dólar americano comenzó a perder valor. Fue así como la popularidad de los Liberty Dollars despegó, pero no tardó mucho para que el gobierno parara el problema enarbolando el argumento que lo que hacía NORFED era falsificación. (En lo personal, no sé quién se confundiría entre los billetes verdes de la Fed y la colorida variedad de los Liberty Dollars, pero eso no es asunto que nos concierna ahora)

El FBI decomisó más de doscientos kilos de plata y toneladas de moneda, a la vez que comenzó un proceso en contra de Von Nothaus y compañía que tras cuatro años se ha convertido en condena. Bernard pasará veinticinco años en la cárcel, condenado como “terrorista local,” por haber querido hacerle competencia “en el país de la Libertad” al principal monopolio estatal, la acuñación del instrumento por el que se mide el valor de todo.

Ahora es Bitcoin quien está en la mira. Les doy la razón, ya comenzó a cobrar fama, más de la que pueden controlar. Si bien Mt. Gox, el principal bróker de Bitcoins con base en Japón, está “un poquito” fuera de la jurisdicción de EUA, lo cierto que ya comenzaron a limitar sus operaciones al prohibir a plataformas como Dwolla toda transacción con Mt. Gox.

Volvemos a la pregunta: ¿acaso es delito acuñar moneda de forma paralela al gobierno? La respuesta hoy, nos guste o no, es que sí es un delito según las leyes (protectoras del monopolio estatal) en la mayoría de los países del mundo. Que esto deba cambiar opino que sí; que lo vaya a hacer pronto… es otra historia.

¡Ya veremos qué pasa con Bitcoin!

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