martes, 17 de septiembre de 2013

El Síndrome de la sociedad golpeada

por Daniela Rodríguez

En nuestra América Latina del socialismo del siglo XXI – la teledirigida desde Cuba por los hermanos Castro – nos encontramos con gobiernos totalitarios que maltratan a diario a la sociedad civil, tal cual como sucede en las situaciones de violencia familiar, particularmente en el caso de las mujeres maltratadas, en las que la víctima llega en algunas ocasiones a perder primeramente su dignidad y luego hasta su vida. Y es por estos dramáticos motivos que resulta natural que nos preguntemos: ¿Cómo pudo esa mujer llegar a sufrir semejante desenlace?, ¿Qué tan grave pudo hacer sido lo que ocurrió entre ella y su pareja? y específicamente ¿Por qué la víctima no realizó la denuncia correspondiente mientras vivía? Específicamente el “Síndrome de la mujer golpeada” posibilita que las víctimas terminen identificándose tanto con el poder y el valor que ven en sus parejas, que dejan por completo de pensar en sí mismas y son capaces de soportar cualquier vejación. Exactamente lo mismo ocurre con las sociedades civiles cuyos ciudadanos han dejado de pensar en sí mismos – al costo que sea – para abocarse a satisfacer la gula en materia de poder y de recursos, de la que hacen gala sus gobernantes.

Las mujeres maltratadas se han colocado en una situación en la que ya no deciden ni realizan ninguna acción por sí mismas. Sus parejas son las que deciden lo que pueden hacer y lo que no, cuando hablar y cuando callar, qué vestir y cómo actuar, entre otras tantas cosas. No son dueñas de su vida porque absolutamente todo lo deciden sus parejas. Son capaces de soportar golpes, humillaciones, gritos, insultos, encierros y todo tipo de acosos. No son dueñas de dirigir su destino ya que sus parejas deciden si deben trabajar o estudiar; y si trabajan, el fruto de su esfuerzo también termina siendo administrado por sus parejas. Entender este tipo de relaciones patológicas, se logra tan sólo interpretando la lógica del poder, ese poder que las mujeres abusadas han depositado en manos de sus cónyuges. Estas mujeres no hablan y mediante su silencio se convierten en cómplices de la situación que diariamente las lastima; es por eso que pocas tienen el valor de denunciar a su agresor, y en muchos casos se alejan hasta de sus propios familiares para no tener que confesarles la situación por la que están pasando. Interiorizan los abusos de todas aquellas figuras de autoridad por las que han creado sentimientos de subordinación y dependencia; echándose además la culpa de sus actuales situaciones. Sus autoestimas descienden a niveles mínimos y están tan desmotivadas y desesperanzadas, que carecen de la energía necesaria para lograr alejarse de sus actuales parejas, otorgándoles así cada día más poder para decirles qué hacer con sus vidas.

En los últimos diez años, las sociedades latinoamericanas cuyos ciudadanos se encuentran hoy bajo la órbita de poder del socialismo del siglo XXI, son víctimas de lo que a los efectos de este artículo de opinión daremos en llamar el “síndrome de la sociedad golpeada”. Los ciudadanos que por mala fortuna integran dichas sociedades, ya no son dueños del fruto de su trabajo, las cargas impositivas de todo tipo que enfrentan son cada vez más altas y por lo tanto sus gobiernos se han convertido en dueños de los beneficios de sus esfuerzos y emprendimientos. Dichos ciudadanos, ya no pueden decidir libremente qué ver, qué oír, qué decir, qué comprar, donde ir de vacaciones, si ahorrar en moneda nacional o extranjera, o en qué proyectos invertir. La totalidad de sus derechos fundamentales han sido mutilados. Sobreviven en un ámbito de tal polarización que ya ni siquiera pueden emitir una opinión contraria al gobierno en una reunión familiar o de amigos de toda la vida, porque eso implicará involucrarse necesariamente en una dramática e inútil discusión con sus seres más queridos. Sin embargo, pese a esta tormentosa realidad, estas sociedades golpeadas y muertas de miedo, le siguen otorgando más poder a sus gobernantes. Poder que se traduce a diario en una total violación de sus libertades individuales y en un desperdicio de las oportunidades para que sus países crezcan. En vez de poner límites al poder de sus gobernantes, dichas sociedades ahora escasas de autoestima, amplifican la arrogancia gubernamental diariamente. A sus gobernantes les exigen que continúen intentando satisfacer todos y cada uno de los problemas que aquejan a su gente en materia de educación, salud, transporte, pobreza, marginalidad, turismo, recursos energéticos, lucha contra las sustancias ilegales, obras públicas, inmigración, catástrofes naturales, medioambiente, empresas públicas deficitarias y un larguísimo etcétera, porque pese a que el tiempo ha demostrado que dichos gobiernos jamás lograrán solucionar sus problemas, sus ciudadanos golpeados se sienten incapaces de hacer frente a dichas responsabilidades sin su ayuda. Se han generado así aparatos estatales monstruosos en nuestra región de los que ninguna actividad logra escaparse, quedando todo bajo sus controles y sus sociedades limitadas a aceptar todo lo que se les imponga desde un comodísimo sillón presidencial.

Dadas las condiciones descriptas, resulta verdaderamente difícil que los ciudadanos que conforman una sociedad golpeada logren retomar las riendas de sus destinos. Y es que estos gobiernos sí han realizado un muy buen trabajo desmoralizando a nuestra gente. Resulta sin embargo más que interesante comprender que en su enorme afán de despojarnos de todo, a algunos les han ido quitado tantas pero tantas cosas, que últimamente a muchos han terminado quitándoles hasta el miedo…

* Daniela E. Rodríguez es Directora de Programas de la Fundación HACER en Argentina-Córdoba, es Licenciada en Ciencia Política egresada de la Universidad de Villa María y colabora con el equipo de investigación de HACER en Washington DC.

Fuente: HACER

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Entender la corrupción

por Goergina Ríos
El pasado 17 de abril, Gustavo A. Madero, presidente del Partido Acción Nacional, dio a conocer a medios de comunicación nacionales audios en los que varios funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz hacían uso del programa Oportunidades para fines electorales y con ello beneficiar al PRI en las elecciones que se llevarían a cabo en ese estado.
        Sin embargo, el problema fue que más allá de sancionar una práctica de corrupción rampante y exigir la renuncia de los funcionarios involucrados, el presidente Peña Nieto dio un espaldarazo a Rosario Robles, la titular de la dependencia a nivel federal, desencadenando todo tipo de descalificaciones de los partidos de oposición.
            Desafortunadamente, ejemplos como éstos abundan a lo largo y ancho de territorio nacional sin que realmente se les castigue y con ello se impida que sigan sucediendo. Por ello es que en todos los ámbitos de la cotidianeidad mexicana es lugar común afirmar que la corrupción es uno de los grandes flagelos que mantienen a México estancado en el subdesarrollo. Y pese a que son de conocimiento general los efectos nocivos que trae consigo, una enraizada tolerancia a procesos y resultados mediocres, aunada a una evidente indolencia de la clase política a la presión social para disminuirla, han mitigado las posibilidades de atajarla con efectividad.
            Esto no es efecto de una falta de urgencia compartida, es resultado de un diagnóstico equivocado del fenómeno y de un consecuente mal tratamiento que ha llevado a sociedad y Estado a entenderla desde el aislamiento de su espacio. Así, el peso del contexto ha prevalecido sobre el endeble esfuerzo para coordinar una estrategia común entre ambas partes que pueda trascender la inercia de la retórica.
            De esta manera, entendiendo este fenómeno como uno de tipo multisectorial con varios orígenes y vertientes, resulta evidente que su combate debe darse desde distintos frentes. Uno de ellos, el de la sociedad civil, es de particular importancia en el marco de un país que comenzó tardíamente su proceso de democratización y viene arrastrando años de prácticas gubernamentales negligentes y poco transparentes.
La sociedad civil, como ese tercer sector que, según Norberto Bobbio, se desarrolla fuera de las relaciones de poder y desde ese ámbito de acción busca construir ciudadanía, debe aspirar a crear un verdadero cambio con base en una visión integral para atacar la corrupción y generar cambios concretos en el marco institucional para que éstos eventualmente arraiguen en la comunidad la cultura de la legalidad.
Siguiendo esta línea de argumentación, una de las promesas que, con ciertas reservas, generó adeptos a Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial fue la de la creación de un órgano anticorrupción que se encargue de corregir las prácticas gubernamentales viciadas y, de ser necesario, castigue o sancione a quien incurra en ellas o las fomente.
De entrada, la creación del órgano anticorrupción ha supuesto el reacomodo de la administración federal desapareciendo la Secretaría de la Función Pública (surgida durante la administración de Vicente Fox y siendo su estandarte anticorrupción), y un acalorado debate sobre la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Sin embargo, su creación parece inminente aún cuando hay serias dudas sobre sus funciones y límites de acción.
En este sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana, el capítulo nacional de Transparencia Internacional, han hecho señalamientos que vale la pena considerar por su valor crítico y analítico. Y aunque va más allá del alcance de este artículo analizar a profundidad las mismas, me centraré en las que considero más importantes por su relevancia.
En primer lugar, es necesario tener claramente definido cuál será el mandato del nuevo órgano. Es decir, es evidente que el objetivo principal será reducir la corrupción lo más posible, pero necesita estar bien establecido en los estatutos que regirán su actuar cómo es que se hará, desde promover mayor control dentro de la administración pública hasta el establecimiento de las sanciones a las que se harán acreedores quienes incurran en prácticas corruptas.
En segundo lugar está el diseño del organismo para su óptimo funcionamiento así como el proceso de selección de quienes se encargarán de dirigirlo. En este punto, los partidos políticos difieren, aunque no sustancialmente, sobre la cantidad de miembros que debe tener el órgano y su duración en el cargo, y el único punto de acuerdo es que sería ideal que todos sean abogados.
Tercero, y quizá el punto más importante, es el que se refiere a los mecanismos de control al interior del propio organismo. Resulta predecible que es el que más discusión ha generado y más desacuerdo ha despertado entre quienes discuten la trascendencia del órgano anticorrupción, pero en el caso específico de Transparencia Mexicana, más allá de alcanzar una óptima rendición de cuentas, es imprescindible que quienes integren el órgano puedan ser sujetos a juicio político por su mala administración y con ello mandar un mensaje de no impunidad y apego irrestricto a la ley.
Finalmente, está el establecimiento de parámetros de medición efectivos que permitan saber qué tan eficaz está siendo el órgano en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, al momento parece no haber mecanismos explícitos ni herramientas efectivas que puedan proporcionar resultados al respecto.
Así, la participación de la sociedad civil en el combate a la corrupción en México es de vital importancia para el fortalecimiento del marco democrático e institucional del país, al tiempo que aviva la participación ciudadana en la vida nacional y promueve medidas efectivas para que su trabajo salga de la invisibilidad, haya una apertura gradual de espacios y un auténtico cambio de conciencia colectiva.


 

lunes, 2 de septiembre de 2013

La Ley antilavado, y lo poco que se ha dicho.


por Eugenio Gómez-Chico B​

“Ahora resulta que si uso efectivo, soy sospechoso”

El 1° de septiembre resultó ser un día caótico para la Ciudad de México. Se nos juntaron varias marchas, manifestaciones, barricadas y actos de violencia en el marco de la entrega del Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los ojos del país estuvieron en los eventos de urgencia, y pareciera que nadie se acordó que en esos mismos momentos estaba entrando en vigor el reglamento de la llamada Ley Antilavado (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita).

¿Pero en qué nos afecta dicha ley y reglamento? Nuestra libertad de comerciar será sujeta a fiscalización como nunca antes. A partir de ahora, si decides utilizar moneda de curso legal, acuñada por el Estado mexicano, podrías ser considerado sospechoso de lavado de dinero, por lo menos en suficiente medida como para que el gobierno haya considerado que es mejor revisar de cerca tus actividades. Así tal cual, utilizar monedas y billetes, pesos y centavos para ciertas transacciones y a partir de ciertos montos se ha convertido en actividad satanizada en nuestro país.

Por mencionar algunos ejemplos de las limitantes que impone esta nueva regulación se pueden citar los siguientes. En la compra de inmuebles está prohibido pagar y aceptar pagos en efectivo por más de  8,025 salarios mínimos (equivalentes a 519,699 pesos). En el caso de relojes, joyas, metales u obras de arte el monto está en 52,131 pesos. En la compra de vehículos el límite está en 3,210 salarios mínimos (207,879 pesos). El resto deberá ser pagado a través de otros medios, como son transferencias electrónicas.

Pero esto no es todo. La ley también obliga a los establecimientos a recabar datos de los clientes que realicen alguna de las “actividades vulnerables” y dar aviso de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, en cualquier apuesta o sorteo a partir de 21,047 pesos el establecimiento deberá conservar copia de tu identificación oficial, y avisar a la SHCP a partir de 42,770 pesos. Lo mismo sucederá en cualquier prestación de servicios profesionales, y en cualquier servicio de construcción y desarrollo de inmuebles. Entre los datos que te solicitarán además de tu identificación están tu nombre, ocupación, y descripción de la actividad que estas realizando. Además, los montos no se refieren a operaciones individuales, sino que éstas son acumulables en períodos de seis meses, por lo cual el establecimiento deberá llevar registro de tus operaciones a través del tiempo, y aplicar la ley cuando sobrepases dichos montos.

El lavado de dinero es un problema grande al que se enfrenta no solamente el gobierno de México, sino la comunidad internacional en general. En este sentido, la intención de la ley de prevenir y combatir esta práctica no me parece mala. Lo que me parece reprobable es la solución que proponen, la cual considero será poco efectiva.

Siendo realistas, aquellos que se dedican a actividades como el lavado de dinero conocerán esta ley y encontrarán muchas maneras, como lo han venido haciendo hasta hoy, de seguir dando la vuelta a las regulaciones y lograr sus objetivos. Mientras tanto, quienes verdaderamente nos veremos afectados somos los ciudadanos que comenzaremos a tener expedientes con nuestros datos, actividades e información personal en manos de entidades privadas y públicas, en las que quizá no confiemos del todo.

En esta ocasión hemos perdido una batalla más en el campo de las libertades individuales. Es solamente una batalla, y aún hay mucho por hacer. Lo verdaderamente preocupante es que la población parece no darse cuenta, y aquellos que se dan cuenta pareciera no importarles.