por Daniela Rodríguez
En los últimos
días pocos temas han ocupado tanto lugar en la agenda política y en los medios
de comunicación argentinos como la decisión de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de no dar lugar a la revisión del fallo vinculado a los holdouts,
reafirmando así la exigencia del pago de la deuda a los acreedores de nuestro
país. Más allá de las distintas cuestiones legales y económicas involucradas,
el vergonzoso tratamiento que el gobierno nacional le ha dado al tema ha demostrado
ante la comunidad internacional la existencia de abismales diferencias
culturales entre nuestro hoy desvalijado país y la tan criticada república
norteamericana.
Mientras que los
Estados Unidos, con su sofisticada cultura anglosajona, han hecho gala de una impecable
independencia judicial, nuestros gobernantes se han encargado de mostrarle al
mundo su cara más pueblerina y la desfachatada informalidad que caracteriza a
su forma de manejar el poder. La administración de Fernández de Kirchner está
acostumbrada a manejarse como si en el resto del globo se moviera todo con la
misma desconsideración y desparpajo que la amplia mayoría de los argentinos ha tenido
que acostumbrarse a tolerar. Por ese motivo intentó enviar funcionarios a los
Estados Unidos a “negociar con el juez” [1] cuando realmente deberían haber
comenzado por honrar la palabra empeñada y en el peor de los
casos, seguir el consejo del poder ejecutivo norteamericano e intentar negociar
de buena fe con los acreedores, es decir con la contraparte y no con el juez.
La independencia del poder judicial de los Estados Unidos parece ser un hecho intolerable
para nuestros gobernantes que llegaron al ridículo de pensar en solicitar al
Presidente Barak Obama que intercediera por nuestro país ante la corte.
Mientras los
acreedores y el sistema judicial de los Estados Unidos han sido muy directos en
todas sus exigencias y condiciones, los inquilinos de la Casa Rosada se enfocaron
en proyectar una imagen que simula la
intención de cumplir con sus deudas contraídas en el exterior. De ahí el
estratégico viaje a Europa del Ministro Axel Kicillof para “negociar y llegar a
un acuerdo” con el Club de París, estrategia que se publicitó localmente hasta
el hartazgo en todos los medios oficiales. A este respecto, los analistas económicos
serios de Argentina aclararon que dicho acuerdo no podría jamás haber sido formalizado,
ya que para que así fuera, el ministro debería haberse reunido y firmado un
acuerdo por separado con cada país miembro del club [2].
Mientras los
medios de prensa independientes de los Estados Unidos han sido muy cuidadosos en
relación al respeto del estado de derecho a la hora de analizar el tema – en
contra o a favor del pago a los holdouts – nuestro gobierno nacional se enfocó
en internacionalizar la idea de unos supuestos “fondos buitre” que quieren
acabar con nuestro país y el sistema financiero internacional. Nada está más
lejos de la realidad. Los fondos que fueron estratégicamente apodados “buitre” por
el aparato propagandístico de Fernández de Kirchner, son en realidad fondos de
inversión libre que adquieren títulos de deuda pública de una entidad que se
considera en crisis, es decir que están conformados por las deudas de estados y
empresas a un valor menor al nominal, asumiendo de este modo los prestamistas el
riesgo de llevar adelante las negociaciones o acciones judiciales necesarias para
cobrar el 100% de su valor. El tan citado fallo del Juez Thomas P. Griesa del
distrito sur de Nueva York no ha hecho más que exigir el cumplimiento de la
palabra empeñada. Cuando uno contrae una deuda lo que corresponde es asumirla. ¿Usted le enseñaría a sus hijos lo contrario?.
La deuda
contraída por el gobierno nacional fue firmada libre y voluntariamente por
todas las partes involucradas, y pudiendo haber elegido regirse bajo las leyes
de cualquier país del mundo, nuestro gobierno aceptó regir el compromiso bajo
las leyes vigentes en los Estados Unidos. Ante el incumplimiento del pago, el
juez a cargo de la causa falló ateniéndose a la letra de lo firmado y por ende
basándose en las leyes de su país, y eso fue lo que irritó a nuestra presidenta
y a sus ministros, tan acostumbrados a abusar de su poder y a arrasar con lo
institucional fronteras para adentro. Salieron entonces a hacer gala de la
barbarie en la que nos tienen sumidos y realizaron un pago parcial que tuvo por
objetivo poner al juez Griesa en la mira de los medios de prensa y hacerlo quedar como el culpable del
inevitable default que se viene. El magistrado supo reaccionar a tiempo y
dispuso que dichos fondos fueran devueltos a Buenos Aires. La barbarie cultural
primó una vez más en nuestro país y el equipo de Fernández de Kirchner se
enfocó en inventar un culpable en el extranjero en lugar de negociar una
solución aceptable para todas las partes.
A nivel local,
el gobierno nacional se tomó la molestia de reunir a los músicos y bufones de la
Casa Rosada para que firmen un documento titulado "La cultura le dice no a
los buitres" al que decidieron sumar su adhesión Charly García, Hugo
Arana, Alejandro Awada, Patricio Contreras, Horacio Fontova, Gustavo
Santaolalla, Arturo Bonín, Lito Vitale, Ricardo Forster, Alejandra Darín,
Horacio González, Juan Sasturain, María Seoane, Jaime Torres, Darío
Grandinetti, Eduardo Jozami, Cecilia Todd, Vicente Battista, Taty Almeida, Raúl
Rizzo, Eduardo Fabregat y Taty Almeyda, entre otros [3]. Mientras tanto,
en el resto de América Latina, los presidentes de los países alineados con Cuba
y Venezuela han manifestado su apoyo incondicional a Cristina Fernández de
Kirchner. Evo Morales, Rafael Correa, José Mujica, Dilma Roussef, Daniel
Ortega, y hasta la mismísima OEA y el Parlatino han manifestado su repudio a
los supuestos “fondos buitre” y todos los días se suma alguno más frente a las
cámaras del canal Telesur teledirigidas desde La Habana [4].
La realidad es
que el choque de culturas era vergonzosamente previsible. En los últimos meses
hemos demostrado fehacientemente la ignorancia y la falta de mundo de nuestros
funcionarios. Nuestros auténticos buitres locales continúan hoy empecinados en
no honrar los compromisos contraídos al costo que sea, incluso conduciéndonos a
todos los argentinos una vez más al abismo de un nuevo default. A quien por el
momento ocupa el sillón de Rivadavia le cuesta entender que en este mismo mundo
hay repúblicas de verdad, donde existe la separación de poderes y por ende se
respeta la independencia judicial. Es hora de aceptar que en otros países occidentales
la civilización logró triunfar sobre la barbarie, aunque en nuestra Argentina la
civilización se encuentre en preocupante retroceso y la “virtud local” sea, en
el mejor de los casos, la viveza criolla. A quienes nos preocupa el futuro de
nuestros eventuales descendientes, debe quedarnos claro, hoy más que nunca, que
la batalla cultural contra la barbarie en nuestro país es más que prioritaria.
* Daniela E. Rodríguez es Directora de Programas
de la Fundación HACER en Argentina, es Licenciada en Ciencia Política egresada
de la Universidad de Villa María y colabora con el equipo de investigación
de HACER en Washington DC.
Referencias:
